El presidente Javier Milei vetó el aumento a las jubilaciones mínimas. También vetó la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Lo hizo con argumentos económicos, pero lo que hay detrás es una decisión profundamente ideológica: para este gobierno, los derechos son un privilegio y los adultos mayores un gasto.

Dicen que no hay plata. Pero la realidad es que el aumento aprobado por el Congreso subía la jubilación mínima de $309.294,80 a $331.564,02. Y el bono previsional, congelado hace más de un año en $70.000, se actualizaba a $110.000 con movilidad. El impacto fiscal representaba apenas el 1,2% del PBI anual, según el CEPA. Entre agosto y diciembre, el costo adicional no llegaba ni al 0,31%.

¿De verdad un país se desestabiliza por garantizarle a sus jubilados lo justo para vivir? No era un aumento desmedido. Era un alivio urgente, un acto de humanidad. En un contexto de pérdida constante del poder adquisitivo, donde a muchas personas mayores ya no les alcanza ni para lo esencial, esa plata no es ahorro: es necesidad. Antes tenían acceso a medicamentos gratuitos; hoy deben decidir qué no comprar o qué dejar de comer para poder pagarlos.

Además, el proyecto vetado no era improvisado. Incluía fuentes de financiamiento concretas: eliminación de exenciones impositivas para directores de empresas, utilización de fondos de entes cooperadores de los registros automotores, ahorro por la reducción de sobrecargos del préstamo con el FMI y la reasignación de $32.616 millones que el propio gobierno destinó por DNU a la AFI (ex SIDE). Plata para inteligencia hay. Para los jubilados, no.

En el caso de la discapacidad, el impacto es igual de alarmante. Se vetó una ley que declaraba la emergencia nacional y garantizaba recursos hasta 2026 para las personas con discapacidad y las instituciones que las asisten. Hablamos de un sector históricamente vulnerado, que requiere políticas de cuidado, accesibilidad y asistencia continua. Negarles ese respaldo no es ajustar: es abandonar.

También se vetó la moratoria previsional, una herramienta que permitía jubilarse a quienes no llegan a los 30 años de aportes. Sin ella, miles de personas —en su mayoría mujeres— quedan condenadas a la PUAM, que es apenas el 80% de la mínima y no garantiza los mismos derechos.

Ahora la discusión continúa en el Congreso. Para insistir con estas leyes se necesitan dos tercios en ambas Cámaras, un desafío enorme. En el Senado hubo una amplia mayoría, pero en Diputados los márgenes fueron mucho más ajustados. Por eso es clave ir a votar y elegir representantes que estén a la altura de las necesidades del pueblo. Estas leyes respondían a la lucha de quienes, como los jubilados, marchan cada miércoles al Congreso y se bancan la represión. Que ese esfuerzo no sea en vano. Diputados y diputadas, escuchen a quienes representan.

Es fundamental resaltar que cada peso que recibe un jubilado se transforma en consumo inmediato. Va a remedios, alimentos, transporte o algún gusto que puede darse. Es dinero que reactiva la economía desde abajo. Lo que este gobierno llama “gasto”, en realidad es justicia social y reconstrucción del tejido económico.

Este veto no fue técnico. Fue político. Fue ideológico. Fue un castigo a los que menos tienen.