Fue en semanas recientes que la fiscal Gabriela Baigún pidió el sobreseimiento de todos los imputados en el caso del Plan Qunita por inexistencia de delito, y que se volvió a visibilizar el programa puesto en marcha en 2015 por Cristina Fernández de Kirchner volvió a ser noticia una de las tantas políticas de inclusión social de aquel Gobierno, que luego fue desactivada por la administración de Mauricio Macri.

Expuesto en un decisivo dictamen de 70 páginas, presentado el pasado miércoles 30 de junio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, la fiscal de juicio derribó la denuncia original de la diputada Graciela Ocaña y concluyó que no hubo perjuicio para el Estado, en base al análisis de dos pericias contables. Aseguró que no fue direccionada la licitación y subrayó que el kit cumplía con el objetivo de lograr "un comienzo de vida equitativo".