El proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno nacional propone derogar los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 27.160, que garantizan la movilidad automática de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El artículo 73 del proyecto enviado por el presidente Javier Milei al Congreso establece la eliminación de ese mecanismo de actualización. De aprobarse, prestaciones como la Asignación por Embarazo, por Maternidad, Prenatal, Nacimiento y Adopción. La Ayuda Escolar Anual y la Asignación Familiar por Matrimonio y Cónyuge también quedarían sujetas a incrementos discrecionales del Poder Ejecutivo, sin el mecanismo automático de movilidad que hoy garantiza la Ley 27.160.

Esto afectará a millones de niñas, niños y adolescentes: en mayo de 2025, la AUH alcanzó a 4,1 millones de titulares y la Asignación Familiar por hijo e hijo con discapacidad llegó a 4,5 millones, según datos oficiales de la Seguridad Social.

“El presidente dijo que lo peor ya pasó, pero la realidad es otra. Las asignaciones familiares y la AUH hoy se actualizan automáticamente con el índice de las jubilaciones. Si se aprueba el presupuesto tal como está, esto ya no será así y quedará supeditado a la discrecionalidad del gobierno nacional, que como ya sabemos, no tiene problema con que el ajuste lo paguen los sectores más vulnerables”, señaló Alonso.

Además, distintos informes advierten que el ajuste se profundiza sobre la niñez y la juventud. El conjunto de 38 programas destinados a ese universo ya sufrió un recorte del 17% en la primera mitad de este año respecto al mismo semestre de 2023 y del 36% en comparación con 2022, según la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Para 2025, se calcula que la reducción será del 20% en relación con 2023.

Los recortes impactan en áreas clave como el Plan ENIA para la prevención del embarazo adolescente, la Educación Sexual Integral (ESI) y las Becas Progresar, que pierden financiamiento vital para su continuidad.

“Mientras el gobierno insiste en que el ‘equilibrio fiscal no se negocia’, son los trabajadores, jubilados y familias con hijos quienes terminan pagando el ajuste. Esto también se pone en juego en las elecciones de octubre: necesitamos tener más representantes en el Congreso Nacional que puedan dar estas discusiones y defender los derechos ya conquistados. Es fundamental hablar claro: si este presupuesto se aprueba así, se verán afectadas miles de personas que hoy reciben distintas asignaciones, concluyó la diputada.