A pesar de las lluvias registradas en las últimas horas, más del 70% de la zona núcleo rural ha sido duramente afectada por la falta de precipitaciones, la bajante de ríos y la intensa ola de calor que asoló a la Provincia. Éstas condiciones climáticas extremas golpearon fuertemente al campo, generando pérdidas irrecuperables y complicaciones en la cosecha, lo que disparó el reclamo de las entidades gremiales del campo.

Atento a esta situación, desde el bloque de Juntos por el Cambio receptaron el pedido del agro y reclamaron que se adopten medidas para mitigar el impacto económico de la sequía. En ese sentido, el diputado de origen rural, Luciano Bugallo cuestionó que ”es lamentable que tengamos que estar mendigando al Estado Provincial que declare la emergencia agropecuaria cuando a los productores de la provincia de Buenos Aires entre Nación, Provincia y municipios, le quitan el 75% del valor bruto de la producción, mientras que con el 25% restante se compran insumos, invierte en maquinaria, pagan sueldos y alquileres. Si el campo pudiera producir con la misma carta impositiva que el resto de las empresas argentinas, podríamos prescindir 100% del Estado, sin necesidad de andar mendigando lo que nos pertenece”.

Según analizan los actores del sector, la crítica situación actual tiene semejanzas con la crisis hídrica de la campaña 2017/2018 que dejó millonarias pérdidas al campo (y al fisco) y fue uno de los factores que contribuyó a la escasez de dólares y a la corrida cambiaria iniciada a fines del primer trimestre de 2018. Un escenario similar podría repetirse este año, con el agravante de que el contexto actual es “profundamente peor” que en aquel momento.

Para Bugallo “no es necesario que la legislatura sancione una declaración de emergencia, ya que la ley 10.390 le otorga las facultades necesarias al ministro de Desarrollo Agrario para poder tomar medidas de este tipo y, por una vez, ayudar al campo en lugar de saquearlo como hacen siempre”, reclamó el legislador “lilito”.

En su artículo 6 la mencionada ley indica que “Los estados de emergencia y desastre agropecuario serán declarados por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial y las declaraciones de emergencia o desastre individual por Resolución del Ministerio de Asuntos Agrarios”. Dicha declaración es requisito fundamental para que los productores afectados, accedan a una serie de beneficios para atravesar esta adversidad y poder mínimamente enfrentar las pérdidas materiales provocadas por la sequía.

“Con ésta lamentable sequía, no solo el sector productivo se va a ver golpeado, sino también y por sobre todo, la billetera del Estado Nacional, lo cual demuestra que tan dependiente somos de la economía agropecuaria”, concluyó Bugallo.