Concejales del bloque PJ-Frente de Todos dieron a conocer detalles de la nueva Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para servicios de telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable, que garantiza servicios de comunicación declarados “esenciales” durante la pandemia.

“A partir de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, que declara a los servicios TIC como públicos esenciales y en competencia, ENACOM estableció abonos básicos que las empresas prestadoras deberán brindar a los usuarios y usuarias que lo soliciten, siempre y cuando pertenezcan al universo de beneficiarios detallados en la página de Prestación Básica Universal y Obligatoria” explicó la Presidenta del bloque de Concejales, Sol Calle.

La edil explicó que los beneficiarios y beneficiarias alcanzados por la medida podrán acceder directamente a la PBU “haciendo una declaración jurada (DDJJ) que ENACOM pone a disposición en su sitio web, donde debe ser completada y enviada al prestador, quien deberá aceptarla como medio de acreditación”.

No obstante, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) también puso a disposición de los usuarios y usuarias un formulario de la Prestación Básica Universal y Obligatoria a través del cual se puede informar al organismo el eventual incumplimiento por parte de las prestadoras.

 “En caso que la empresa no garantice la prestación de la PBU, los solicitantes deberán iniciar el reclamo frente a la prestadora. Si persiste el incumplimiento, las y los beneficiarios podrán enviar el formulario online informativo, el cual no reviste carácter de trámite o reclamo oficial, sino de declaración informativa ante ENACOM para el seguimiento de la solicitud” sostuvo Calle.

El decreto tiene como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas, lo cual requirió de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar un uso equitativo y a precios razonables con el fin de beneficiar el interés público, ofreciendo al usuario y usuaria mayor variedad de servicios a precios más bajos, sin perjuicio del principio de competencia, por lo que se procuró generar eficiencia y rentabilidad económica para las empresas prestadoras.